Junta de Galicia reconoce haber puesto seguridad en el Pazo de Meirás

10/04/2011
El secretario xeral de Cultura, Antonio Fernández Campa, ha reconocido que “no existe ninguna obligación recogida en la Ley –de Patrimonio Cultural de Galicia–” de asumir la vigilancia por parte de la Xunta de las visitas a los bienes de interés general como el Pazo de Meirás recientemente abierto al público, aunque “hay una obligación general” para las administraciones de garantizar la protección de estos inmuebles.

Por ello, ha justificado que el Gobierno gallego haya emplazado a un miembro de seguridad privada los días de visita debido a “la singularidad” del inmueble.
A una pregunta oral del PSdeG en la Comisión 4ª de Educación e Cultura, Fernández Campa ha remarcado que el Gobierno gallego consideró “adecuado” asumir los costes de seguridad para “minorar los riesgos de deterioro del inmueble dada la singularidad del bien”.
En este sentido, el dispositivo de seguridad consiste en el arrendamiento de un vigilante sin armas de una empresa privada, que “únicamente” se reforzó el día de apertura del inmueble al público por el volumen de visitas de medios de comunicación.

El coste estimado de seguridad para 2011 –aunque no ha aclarado si ahí también se incluye el gasto en pagar a los guías– es de 9.513 euros, que serán abonados por la Consellería de Cultura e Turismo, aunque el importe “podría variar ligeramente” si en algún momento existe un nuevo refuerzo.
Ante las preguntas de la diputada socialista María Concepción Burgo sobre la responsabilidad de los textos de los guías, que ha criticado como “absolutamente sesgados” ya que en ellos no se habla de que el Pazo “fue donado a Franco durante la Guerra Civil” y “con expropiaciones a campesinos”, Fernández Campa ha defendido que estos “se elaboraron por la empresa que lleva a cabo las visitas –Prosegur– teniendo en cuenta, entre otros, el contenido recogido en las declaraciones de BIC de Meirás”, y ha desmarcado al Gobierno gallego de la redacción de su contenido.

“TRATO DE FAVOR”

Así, el PSdeG ha achacado al Gobierno gallego “trato de favor” hacia la familia Franco ya que “está claro que no hay obligación de poner seguridad”. En esta línea, ha preguntado a la Xunta si van a poner vigilancia “en todos” los bienes de interés cultural en Galicia, y ha puesto como ejemplo al alcalde de Melón –del PPdeG– que “solicita” que se paguen la visitas al castillo de su ayuntamiento.

“Me gustaría saber a qué singularidad se refiere, y si piensa que las hordas van a entrar ahí o qué pasa”, ha censurado Burgo.
“Me imagino a que singularidad se refiere pero el guía no dice nada de esta singularidad”, ha reprochado la diputada Burgo –quien se ha quejado de que la Xunta no ha facilitado el convenio con la familia Franco– ya que “la familia Franco desapareció según ese guía”, junto a lo que ha requerido saber de la Consellería de Cultura si “considera que es también su obligación que, en unos textos que ampara y paga, tenga que garantizar la exactitud histórica de lo que dice”.

En su turno de cierre, el secretario xeral de Cultura ha subrayado que “es una realidad incuestionable” que los ciudadanos pueden acceder al inmueble en la actualidad, y ha recriminado al PSdeG que “está reclamando” que los guías “hablen de cosas que no están en la declaración de BIC”.

Por todo ello, la Xunta ha asegurado que “en ningún caso” se da un trato de favor a la familia Franco, y que los datos que se solicitan para acudir al Pazo “son los estrictamente necesarios”, una medida que ha defendido junto al pago de la empresa de vigilancia por parte del Gobierno gallego por “la seguridad” del Pazo “dado que sería absurdo que se forzase la apertura de un BIC al público y como consecuencia de este acto se pusiera en peligro su propia integridad”.

REGULACIÓN BIENES INTERÉS GENERAL

Por otra parte, también en la Comisión 4ª de Educación e Cultura se ha aprobado –con la abstención de la oposición– una proposición no de ley del Grupo Popular para instar a la Xunta a que estudie el desarrollo del reglamento de la normativa legal de los bienes de interés general para establecer cuestiones como cuáles deben ser los cuatro días que se abran estos inmuebles al público o cuál es el régimen de responsabilidad civil en una visita.

Una proposición no de ley a la que el Grupo socialista ha presentado una enmienda ya que “no tiene sentido” que se haga este reglamento a “una ley atrasada” puesto que los tres grupos están de acuerdo en que se va a modificar la Ley de Patrimonio, por lo que el PSdeG cree que ese cambio en el reglamento se debe incluir en el futuro texto, una idea que ha compartido el BNG, aunque los populares han acusado a la oposición de “boicotear” la medida porque “no quieren claridad” para acabar con la discrecionalidad.