- En cinco años, el Observatorio de Agresiones gestionó 130 denuncias
- De estas denuncias, 72 concluyeron en sentencias condenatorias
La Consejería de Sanidad reforzará las medidas de seguridad de los centros de Sacyl para lograr reducir las agresiones a los trabajadores que en un año bajaron un 7%, al pasar de 357 a 331. En concreto, está prevista la implantación progresiva de botones de alarma en los ordenadores de los centros de salud, de modo que ante cualquier situación extrema el trabajador lo pulse y salte una alarma en el resto.
Así lo explicó hoy el consejero del ramo, Francisco Javier Álvarez Guisasola, minutos antes de presidir la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, donde también se acordó iniciar expedientes sancionadores a los usuarios por agresiones con multas cuantiosas, faltas de respeto al personal, incorrecto uso de las instalaciones y los servicios sanitarios, así como por coacciones y amenazas. Además, en breve se iniciarán los expedientes sancionadores en aquellos casos en los que las agresiones no constituyan un hecho penal. A estas dos medidas se sumará la realización de una encuesta de satisfacción a los profesionales, con el objetivo de conocer su opinión y diseñar nuevas acciones.
Asimismo, se reforzará la asistencia jurídica a los profesionales, con el fin de que denuncien los casos. Para ello, la Consejería prevé remitir una carta a todos los trabajadores de Sacyl con el fin de que conozcan sus derechos y las posibilidades con las que cuentan para actuar frente a una agresión, precisó Álvarez Guisasola, quien destacó que se avanza por el buen camino y confió en el trabajo conjunto de todos los agentes implicados para evitar estos casos.
En este punto, el consejero precisó que se renovará el contrato de seguro de defensa jurídica para los trabajadores de Sacyl que en sus cinco años de existencia gestionó 130 denuncias, de las que 72 concluyeron en sentencias condenatorias. Además, de ellas ocho fueron calificadas como delito de atentado a funcionario público, lo que supone penas de prisión que pueden oscilar entres los seis y los dos años o derivar en multas e indemnizaciones. En concreto, de las 72 sentencias, la mayor parte se concretaron en Burgos (17), León (13), Salamanca (12) y Valladolid (13). En Ávila se registraron dos; en Palencia, ocho; en Segovia, dos más; en Soria otras dos, mientras que en Zamora fueron tres.
Finalmente, el consejero precisó que hasta la fecha se han instalado cámaras y alarmas en las llamadas zonas de alto riesgo. Hay 19 centros de salud que cuenta con vigilantes de seguridad; 63, con cámaras, y 170 con pulsadores antipánico fijos o portátiles. En función de las necesidades, se continuará trabajando en esta línea, al tiempo que se potenciarán los mensajes preventivos y de advertencia a través de una campaña de información en los centros de atención primaria sobre los dispositivos de seguridad con los que cuentan, así como sobre la posibilidad de sancionar económicamente o por vía penal a los agresores, con el objetivo de que la información tenga carácter disuasorio.
Por lo que respecta a la evolución de las agresiones, Álvarez Guisasola precisó que desde que se vienen aplicando estas medidas la evolución ha caído. Así, entre junio de 2009 y junio 2010 –primer año completo disponible-, los incidentes bajaron un siete%, al pasar de 357 a 331, y el de trabajadores agredidos, en un cinco%, de 440 a 416.
Por niveles asistenciales, los incidentes bajaron "de manera significativa" en atención especializada, un 14% –evolucionaron de 198 a 171- y en emergencias, en un 50%, -de seis a tres-. Si bien, se experimentó un ligero repunte del tres% en atención primaria, de 151 a 155. Mientras, por categorías, los casos bajaron en médicos y enfermeras (45 y 23%), y se mantuvieron entre los celadores. En números absolutos, los médicos fueron agredidos en 150 casos; las enfermeras, en 149; los auxiliares de enfermería, en 66; los celadores, en 32, y otro persona, en 20.
Por tipo de agresión, bajaron las físicas, del 19 al 16%, y las verbales se mantuvieron en el 65%. Si bien, subieron las de carácter psicológico, es decir, las amenazas, del 16 al 19%. En concreto, en atención especializada cayeron las agresiones físicas en un 26%, y en un 67% en emergencias. En atención primaria subieron un 25%.
Si se observan los datos por áreas de salud, cayeron en todas, menos en Ávila, con cinco casos más; en Burgos, con 13 más, y en Palencia, con siete. Por estos motivos, la Consejería pretende reforzar las actuaciones en estas áreas, con el fin de prevenir los incidentes y que estos aumenten.
Para concluir, Álvarez Guisasola precisó que las causas que desencadenan las agresiones son, en primer lugar, por problemas psíquicos (30%) en los que las agresiones son un síntoma, y, en segundo, por discrepancias con el criterio del médico, ya sea por negar una baja laboral, la prescripción de determinados medicamentos, disconformidad con el trato, por problemas de alcoholismo o drogadicción o por los tiempos de espera.
El Pleno, presidido por el propio consejero, está integrado por representantes de la Junta, de los sindicatos, empresarios, Fiscalía, colegios oficiales y profesionales y consumidores. La idea es que se cree un foro de diálogo permanente entre administraciones y otros representantes de la sociedad para asegurar una participación activa en esta cuestión tan importante.
Para el cumplimiento de sus fines, corresponden al Observatorio funciones como la elaboración de estudios que permitan un mejor conocimiento de la situación de las agresiones en el ámbito sanitario; una memoria anual de sus actividades en la que se recojan los datos e informaciones más relevantes; impulsar planes formativos que incluyan la metodología de actuación ante la violencia en el sector sanitario, el trato correcto y comunicación fluida entre profesionales y usuarios, así como promover encuentros entre profesionales y expertos para facilitar intercambio de experiencias, investigaciones y trabajos en esta materia.
También, tiene como misión orientar a todos los profesionales de la Gerencia Regional de Salud en la resolución de situaciones de conflictividad en su ámbito de actuación; elevar a la administración sanitaria propuestas para la disminución de la conflictividad y mejora de la convivencia; y analizar el sistema de seguimiento y control de las agresiones, con el objeto de revisar continuamente los datos y mejorar su explotación.
fuente: www.rtvcyl.es
Así lo explicó hoy el consejero del ramo, Francisco Javier Álvarez Guisasola, minutos antes de presidir la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, donde también se acordó iniciar expedientes sancionadores a los usuarios por agresiones con multas cuantiosas, faltas de respeto al personal, incorrecto uso de las instalaciones y los servicios sanitarios, así como por coacciones y amenazas. Además, en breve se iniciarán los expedientes sancionadores en aquellos casos en los que las agresiones no constituyan un hecho penal. A estas dos medidas se sumará la realización de una encuesta de satisfacción a los profesionales, con el objetivo de conocer su opinión y diseñar nuevas acciones.
Asimismo, se reforzará la asistencia jurídica a los profesionales, con el fin de que denuncien los casos. Para ello, la Consejería prevé remitir una carta a todos los trabajadores de Sacyl con el fin de que conozcan sus derechos y las posibilidades con las que cuentan para actuar frente a una agresión, precisó Álvarez Guisasola, quien destacó que se avanza por el buen camino y confió en el trabajo conjunto de todos los agentes implicados para evitar estos casos.
Sentencias condenatorias
En este punto, el consejero precisó que se renovará el contrato de seguro de defensa jurídica para los trabajadores de Sacyl que en sus cinco años de existencia gestionó 130 denuncias, de las que 72 concluyeron en sentencias condenatorias. Además, de ellas ocho fueron calificadas como delito de atentado a funcionario público, lo que supone penas de prisión que pueden oscilar entres los seis y los dos años o derivar en multas e indemnizaciones. En concreto, de las 72 sentencias, la mayor parte se concretaron en Burgos (17), León (13), Salamanca (12) y Valladolid (13). En Ávila se registraron dos; en Palencia, ocho; en Segovia, dos más; en Soria otras dos, mientras que en Zamora fueron tres.
Finalmente, el consejero precisó que hasta la fecha se han instalado cámaras y alarmas en las llamadas zonas de alto riesgo. Hay 19 centros de salud que cuenta con vigilantes de seguridad; 63, con cámaras, y 170 con pulsadores antipánico fijos o portátiles. En función de las necesidades, se continuará trabajando en esta línea, al tiempo que se potenciarán los mensajes preventivos y de advertencia a través de una campaña de información en los centros de atención primaria sobre los dispositivos de seguridad con los que cuentan, así como sobre la posibilidad de sancionar económicamente o por vía penal a los agresores, con el objetivo de que la información tenga carácter disuasorio.
Tendencia a la baja
Por lo que respecta a la evolución de las agresiones, Álvarez Guisasola precisó que desde que se vienen aplicando estas medidas la evolución ha caído. Así, entre junio de 2009 y junio 2010 –primer año completo disponible-, los incidentes bajaron un siete%, al pasar de 357 a 331, y el de trabajadores agredidos, en un cinco%, de 440 a 416.
Por niveles asistenciales, los incidentes bajaron "de manera significativa" en atención especializada, un 14% –evolucionaron de 198 a 171- y en emergencias, en un 50%, -de seis a tres-. Si bien, se experimentó un ligero repunte del tres% en atención primaria, de 151 a 155. Mientras, por categorías, los casos bajaron en médicos y enfermeras (45 y 23%), y se mantuvieron entre los celadores. En números absolutos, los médicos fueron agredidos en 150 casos; las enfermeras, en 149; los auxiliares de enfermería, en 66; los celadores, en 32, y otro persona, en 20.
Por tipo de agresión, bajaron las físicas, del 19 al 16%, y las verbales se mantuvieron en el 65%. Si bien, subieron las de carácter psicológico, es decir, las amenazas, del 16 al 19%. En concreto, en atención especializada cayeron las agresiones físicas en un 26%, y en un 67% en emergencias. En atención primaria subieron un 25%.
Si se observan los datos por áreas de salud, cayeron en todas, menos en Ávila, con cinco casos más; en Burgos, con 13 más, y en Palencia, con siete. Por estos motivos, la Consejería pretende reforzar las actuaciones en estas áreas, con el fin de prevenir los incidentes y que estos aumenten.
Para concluir, Álvarez Guisasola precisó que las causas que desencadenan las agresiones son, en primer lugar, por problemas psíquicos (30%) en los que las agresiones son un síntoma, y, en segundo, por discrepancias con el criterio del médico, ya sea por negar una baja laboral, la prescripción de determinados medicamentos, disconformidad con el trato, por problemas de alcoholismo o drogadicción o por los tiempos de espera.
Pleno
El Pleno, presidido por el propio consejero, está integrado por representantes de la Junta, de los sindicatos, empresarios, Fiscalía, colegios oficiales y profesionales y consumidores. La idea es que se cree un foro de diálogo permanente entre administraciones y otros representantes de la sociedad para asegurar una participación activa en esta cuestión tan importante.
Para el cumplimiento de sus fines, corresponden al Observatorio funciones como la elaboración de estudios que permitan un mejor conocimiento de la situación de las agresiones en el ámbito sanitario; una memoria anual de sus actividades en la que se recojan los datos e informaciones más relevantes; impulsar planes formativos que incluyan la metodología de actuación ante la violencia en el sector sanitario, el trato correcto y comunicación fluida entre profesionales y usuarios, así como promover encuentros entre profesionales y expertos para facilitar intercambio de experiencias, investigaciones y trabajos en esta materia.
También, tiene como misión orientar a todos los profesionales de la Gerencia Regional de Salud en la resolución de situaciones de conflictividad en su ámbito de actuación; elevar a la administración sanitaria propuestas para la disminución de la conflictividad y mejora de la convivencia; y analizar el sistema de seguimiento y control de las agresiones, con el objeto de revisar continuamente los datos y mejorar su explotación.
fuente: www.rtvcyl.es
